Este domingo 1 de febrero de 2026 Costa Rica celebra elecciones presidenciales y legislativas, un proceso marcadamente polarizado por la creciente preocupación ciudadana sobre seguridad, crimen organizado e institucionalidad democrática. Más de 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar por presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados a la Asamblea Legislativa.
Esta contienda electoral cuenta con la participación de los candidatos:
Laura Fernández Delgado — Partido Pueblo Soberano (PPSO) una agrupación de orientación conservadora y populista de derecha, surgida como fuerza oficialista. Exministra de la Presidencia y exministra de Planificación, Fernández ha liderado las encuestas con una clara ventaja, impulsando la continuidad de la agenda del presidente Rodrigo Chaves Robles y priorizando políticas de seguridad y orden público.
Álvaro Ramos, economista y candidato por el Partido Liberación Nacional (PLN), fuerza histórica política del país con tradición socialdemócrata y centrista.
Ramos ha sido el rival más significativo de centro-izquierda, aunque con cifras de intención de voto menores que Fernández.
Claudia Dobles, representando a la Coalición Agenda Ciudadana (alianza de varios partidos progresistas), es arquitecta y ex primera dama. Su campaña se ha enfocado en temas sociales, institucionales y ambientales.
Ariel Robles, candidato del partido de izquierda Frente Amplio, buscó canalizar el progresista y de base social para ampliar la oferta opositora en un campo fragmentado.
Además de estos, otros partidos y candidaturas también participaron (Periódicamente registrados por el TSE— pero sin proyección clara de ganar en primera ronda.
Este periodo de campaña estuvo dominado por debates sobre seguridad ciudadana, violencia vinculada al narcotráfico, economía y reformas institucionales. La percepción de un aumento en la violencia (incluidos homicidios y tráfico de drogas) fue uno de los temas centrales que orienta la decisión del electorado.
La figura de Rodrigo Chaves Robles, presidente saliente, también es un factor de peso: su alta aprobación entre parte del electorado impulsó la candidatura de Fernández como continuidad de su proyecto político frente a una oposición fragmentada.
Bajo la ley electoral costarricense, para ganar la presidencia en una sola vuelta un candidato necesita al menos 40 % de los votos válidos. En los conteos preliminares y encuestas de salida, Laura Fernández supera ese umbral, lo que podría evitar una segunda vuelta prevista para el 5 de abril de 2026 si ningún aspirante lo logra.
La composición de la Asamblea Legislativa también estaba en juego, con Fernández impulsando la posibilidad de una supermayoría de 40 curules para impulsar reformas constitucionales y asegurar mayor gobernabilidad.
Estas elecciones son vistas como un punto de inflexión para Costa Rica, un país con tradición democrática en Centroamérica, pero que enfrenta retos políticos y sociales en medio de un entorno regional volátil.
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