Por: José Velásquez
Con la negativa de suspender 29 órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo, la Fiscalía General de la Nación ha generado un intenso debate nacional que sin duda incide en la contienda electoral a tan solo tres semanas de los comicios. Esta solicitud, elevada por el Gobierno Nacional para facilitar el traslado de cabecillas (incluyendo a alias "Chiquito Malo") hacia zonas de ubicación temporal, fue rechazada por el ente acusador al considerar que no existe información verificable sobre el cumplimiento de los requisitos legales.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, fundamentó la negativa en la falta de evidencias sobre avances reales en el proceso de paz con esta estructura criminal. Días previos, la Fiscalía ya había revocado 16 de las 23 suspensiones otorgadas a bandas del Valle de Aburrá, argumentando que varios de los beneficiados ya tenían condenas vigentes, lo que hacía la medida jurídicamente inviable.
El impacto de estas decisiones en la recta final del calendario electoral de 2026 es profundo y se divide en tres ejes críticos:
- Pilar de Seguridad y Democracia: Sectores de la oposición, liderados por figuras como César Gaviria y Andrés Julián Rendón, han calificado las peticiones de suspensión como una "concesión política" que pone en riesgo la integridad del proceso electoral. Advierten que permitir la movilidad de jefes criminales podría traducirse en constreñimiento al electorado en zonas donde estos grupos ejercen control territorial.
- Independencia de Poderes: La negativa de la Fiscalía se interpreta como un ejercicio de contrapeso frente al Ejecutivo. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria para la "Paz Total" y el desmantelamiento de grupos armados, la rama judicial insiste en que la paz no puede construirse sobre la base de la inseguridad jurídica o la impunidad de condenados.
- Percepción Ciudadana y Desconfianza: Gremios y organizaciones civiles han señalado que estas idas y venidas judiciales generan un clima de "zozobra" de cara a las elecciones, alimentando la narrativa de un Estado que cede ante el crimen organizado a cambio de gestos de paz no verificados.
La negativa de la Fiscalía ha sido recibida como un respaldo a la institucionalidad por sectores críticos del Gobierno:
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: Han calificado la intención del Ejecutivo de suspender capturas y extradiciones (incluyendo la de alias "Chiquito Malo") como un "golpe de Estado a las elecciones". Argumentan que estas medidas buscan favorecer el control territorial de grupos armados para influir en los resultados electorales a favor del candidato oficialista.
Claudia López y Sergio Fajardo: Han criticado la falta de resultados de la "Paz Total", señalando que nombrar como gestores de paz a cabecillas responsables de crímenes recientes (como el presunto asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda por disidencias de alias "Calarcá") es una afrenta a las víctimas y una estrategia para "comprar" una paz ficticia en época de campaña.
Iván Cepeda: Como principal defensor de la medida desde el sector gubernamental, sostiene que la suspensión es un paso audaz y necesario para el desescalamiento del conflicto, rechazando las acusaciones de conspiración electoral.
Entidades independientes y de control han activado mecanismos especiales ante este escenario:
Fiscalía General: Implementó la Alerta Temprana 0047, que incluye un mapa de riesgo electoral para anticipar presiones de grupos armados en zonas críticas¹.
Misión de Observación Electoral (MOE): En su último informe, advirtió que, aunque las agresiones físicas han disminuido un 25.3% respecto a 2022, existe una transformación de la violencia hacia el control territorial, lo que hace más peligroso el proselitismo en regiones dominadas por el Clan del Golfo.
Procuraduría General: Lanzó la estrategia "Paz Electoral" para vigilar 288 puntos críticos donde la transparencia del escrutinio podría verse comprometida por la presencia de estas estructuras.
El Gobierno planea trasladar a más de 400 combatientes a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó) a partir del 25 de junio de 2026. La negativa de la Fiscalía a suspender las capturas antes de esta fecha genera un "limbo jurídico" que, según analistas "podría radicalizar la postura de los grupos armados durante la jornada electoral de mayo"².
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