El ocaso jurídico de la "Paz Total": La Ley 418 tiene los días contados

Por: José Velásquez 

Ad portas del cierre del año legislativo, la transición gubernamental empieza a mostrar sus cartas más críticas. Más allá de la retórica de campaña y las encuestas de favorabilidad, el verdadero jaque a la política bandera de la actual administración se está cocinando en el terreno del derecho público. Voces de la oposición radical han puesto el dedo en la llaga sobre una realidad matemática e institucional insoslayable: la Ley 418 de 1997 perderá su vigencia en diciembre de este año y su prórroga es políticamente inviable.

Para entender las implicaciones de este escenario, es necesario despojar el debate del apasionamiento ideológico y analizar la estructura jurídica que sostiene los diálogos de paz en el país.

La Ley 418 (conocida históricamente como la Ley de Orden Público) ha sido, desde el gobierno de Andrés Pastrana, la caja de herramientas jurídicas que permite a los mandatarios de turno suspender órdenes de captura, decretar zonas de despeje o de ubicación, y otorgar estatus político a grupos armados en aras de una negociación.

En 2022, el bloque de gobierno logró su prórroga y modificación a través de la Ley 2272 (ley de la "Paz Total"). Sin embargo, el legislador fijó un límite temporal estricto: cuatro años de vigencia, los cuales se cumplen de forma inexorable en diciembre de 2026.

Aquí radica el nudo gordiano para el oficialismo. La supervivencia del modelo de negociación actual no depende de la voluntad del Palacio de Nariño, sino de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso de la República que deberá asumir la discusión en el segundo semestre de este año.

Las variables que hacen que la prórroga de la Ley 418 sea hoy un panorama altamente improbable:

1. El desgaste del orden público y la opinión pública: El deterioro de la seguridad en las regiones, sumado a las constantes violaciones de los ceses al fuego por parte de estructuras como el ELN y las disidencias, ha minado el capital político de la negociación. Para el nuevo Congreso, votar a favor de mantener estas herramientas jurídicas equivaldría a asumir un costo político prohibitivo ante una ciudadanía que exige autoridad.
2. La recomposición de las mayorías legislativas: El Congreso que tramitará esta discusión ya no es el del "acuerdo nacional" de 2022. La fragmentación de las bancadas declaradas en independencia y el fortalecimiento de la oposición consolidan un bloque mayoritario que ve en el fin de la Ley 418 la oportunidad perfecta para desmontar el legado de la "Paz Total" sin necesidad de una reforma constitucional.
3. El cambio de doctrina penal: Existe un consenso creciente entre los juristas de centro y derecha respecto a que los grupos de crimen organizado y economías ilícitas no deben recibir un tratamiento político, sino de sometimiento ordinario a la justicia. Sin la Ley 418, la figura de los "gestores de paz" para criminales comunes carecería de sustento legal.

Si el Congreso decide dejar morir la Ley 418 en diciembre, el cortocircuito institucional será inmediato. No habrá un periodo de transición blando.

De forma automática, el Estado perdería la facultad legal para mantener suspendidas las órdenes de captura de los negociadores en las distintas mesas. Los ceses al fuego bilaterales quedarían sin piso jurídico, obligando a la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública a reactivar la persecución penal y militar de forma irrestricta. El país se vería forzado a un viraje doctrinal: pasar de la negociación de cúpulas al sometimiento judicial individual o a la vía de la disuasión militar del Estado.

La advertencia de la oposición no es una simple pataleta discursiva; es una lectura fría del calendario normativo colombiano. La "Paz Total" nació con fecha de vencimiento explícita en su ley aprobatoria. A pocos meses de que se cumpla ese plazo, el Gobierno se encuentra atrapado en una carrera contra el tiempo donde no tiene el control del cronómetro. El futuro de la seguridad del país no se está decidiendo en La Habana o en las selvas del Cauca, sino en los pasillos del Capitolio Nacional.

Tramitar una nueva ley como marco legal para adelantar diálogos con organizaciones terroristas y/o grupos armados ilegales no será tan fácil en el futuro, y teniendo en cuenta que la paz es un derecho fundamental, esta tendría que tramitarse como ley estatutaria (mayoría absoluta)¹ y no ordinaria (mayoría simple)². El ambiente político nacional ya no está a favor de una iniciativa en tal sentido, lo que viene es una acción del imperio de la ley por parte de estado.

[1] Mayoría absoluta: la mitad más uno de todos los miembros de la corporación, debe aprobarse estrictamente en una sola legislatura (un año: del 20 de julio al 20 de junio), el control de la Corte es previo y automático: la Corte Constitucional debe revisar su contenido antes de que sea sancionada. Facultades extraordinarias: El Congreso no puede delegar su trámite en el Presidente mediante facultades extraordinarias. 

[2] Mayoría simple: la mitad más uno de los asistentes a la sesión, su tiempo de trámite puede extenderse hasta dos legislaturas, el control de la Corte es eventual: solo si es demandada por un ciudadano. Facultades extraordinarias: El Congreso puede otorgar facultades al Presidente para expedirlas.