Por : José Velásquez Ad portas del cierre del año legislativo, la transición gubernamental empieza a mostrar sus cartas más críticas. Más allá de la retórica de campaña y las encuestas de favorabilidad, el verdadero jaque a la política bandera de la actual administración se está cocinando en el terreno del derecho público. Voces de la oposición radical han puesto el dedo en la llaga sobre una realidad matemática e institucional insoslayable: l a Ley 418 de 1997 perderá su vigencia en diciembre de este año y su prórroga es políticamente inviable. Para entender las implicaciones de este escenario, es necesario despojar el debate del apasionamiento ideológico y analizar la estructura jurídica que sostiene los diálogos de paz en el país. La Ley 418 (conocida históricamente como la Ley de Orden Público) ha sido, desde el gobierno de Andrés Pastrana, la caja de herramientas jurídicas que permite a los mandatarios de turno suspender órdenes de captura, decretar zonas de despeje o de ubi...
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